Hace unos días, se armó un revuelo en Salta por el despido de la chofer de ómnibus que fue sorprendida usando su teléfono celular mientras estaba al volante. Salieron muchos a defenderla aduciendo que la decisión de desvincularla fue “machista”. Otros tantos salieron a atacar a la persona que hizo pública la fotografía donde se pone de evidencia la infracción. Pero muy pocos observaron el hecho de una manera más sobria.

Los hechos muestran que la chofer estaba en infracción: usando un teléfono celular mientras está al volante de un ómnibus en servicio. Y esta infracción tiene como castigo el cese de actividades. Punto. El principal agravante aquí es que un chofer de ómnibus tiene la responsabilidad de salvaguardar la integridad de sus pasajeros. Y esto es válido si es chofer es un señor o una señora.

Ahora, si hubieron otros casos para los cuales una pena similar tendría que aplicarse, tendríamos que usar la ejemplar sanción para conseguir que otros casos de la misma índole lleven a condenas similares. De esa manera evitar ir por las tangentes con discusiones de machismo, de la poca tolerancia del denunciante y demás.

Traigo este caso a consideración porque recién llego de unas vacaciones en Turquía. En ese país, el comportamiento de los conductores deja mucho que desear (link en inglés). En este viaje, hice un viaje en ómnibus desde el hotel al aeropuerto por unos 80 kilómetros. En ese trayecto, el chofer llevaba consigo un teléfono celular. El chofer, recibió un par de llamadas en la hora y media de viaje. El chofer, para mi asombro, dejó sonar su celular sin ni siquiera inmutarse. Sumamente profesional. Solo cuando recibió una llamada en una de las paradas del ómnibus en un hotel (hizo múltiples paradas para recoger pasajeros), el chofer respondió a la llamada recibida en ese momento.

Eso sí, el chofer nunca se ajustó el cinturón de seguridad, lo que tendría que ser suficiente para una sanción. Pero en este caso, sería su propia vida la que está en peligro, y no la de todos los pasajeros.

Titulares holandeses sobre el voto electrónico.

Desde hace un par de años, un sistema de voto electrónico, también conocido como Boleta Única Electrónica se usa para elecciones a nivel provincial en Salta, Argentina.

Dí una nota en el diario La Gaceta de Salta en la que explico los principios básicos de un sistema de votos (no necesariamente electrónico) y cómo el sistema de boleta única electrónica deja mucho de desear en la privacidad del voto y la verificación del resultado.

No hay que confiarse, especialmente en una elección

Mi argumento es simple: no podemos dejar en manos de unas máquinas programables la impresión del voto y el conteo del resultado de una mesa.

El principio básico para tal desconfianza es también simple: a los fiscales de cada mesa les tienen que constar que los principios básicos de una elección no se estén violando.

Un fiscal tiene que poder demonstrarle a cualquier ciudadano que su voto fue secreto. Con el sistema electrónico, el fiscal está simplemente confiando que la máquina no almacenó ningún resultado. En otras palabras, ha delegado su obligación de fiscalizar la privacidad del voto a un tercero.

Lo mismo vale para el escrutinio: el fiscal tiene que ver que el conteo se realizó adecuadamente. No es suficiente que una persona pase las boletas por un escáner NFC para facilitar el conteo hecho por la máquina.

MSA: “Nosotros somos buenos”

La respuesta de MSA, la empresa proveedora de las máquinas, no esperó en responder estas críticas. Ellos no solo insisten en la “inviolabilidad” de su sistema sino que ponen afirmaciones técnicas que el ciudadano promedio no entiende y que en realidad no agrega nada de transparencia.

Desde MSA aducen que expertos informáticos firmaron digitalmente los programas que corren en las máquinas. Sea lo que sea que esto significa, confíen en mí que una burda cortina de humo.:

Un fiscal de mesa tendría que verificar la firma digital cuando habilita una máquina. Incluso si lo supiera hacer, el fiscal tiene que confiar que la gente que hizo tal firma digital para los programas que tienen que funcionar sin desviaciones en su funcionalidad. Otra vez, está delegando su rol de controlador a un tercero.

Además, ese fiscal tiene que entender de qué estamos hablando aquí. El lector promedio de este artículo seguramente no entiende nada. Si bien no vivo en Salta por 10 años, dudo que todos los fiscales de mesa sean expertos en criptografía para entender las implicaciones de las firmas digitales y todo el resto del bla bla bla.

Mi crítica a los expertos informáticos: ellos firmaron digitalmente unos ejecutables cuyo código fuente es cerrado. Han asumido que la funcionalidad es correcta. Esto no dice absolutamente nada sobre lo que el programa hace. Si la computadora está programada para hacer algo irregular, ni lo van a poder verificar. De hecho, si estos expertos fueran los fiscales de mesa, estaríamos en la mismas que el fiscal no muy experto: están confiando en un tercero (la empresa MSA) la especificación de un programa.

Además, ¿por qué tenemos que creer que la gente de MSA y el tribunal electoral son de confiar? Toda la poca confianza que uno pueda tener en ellos desaparece desde el momento en que tienen una relación comercial. El Tribunal Electoral (o el organismo estatal correspondiente) le paga a MSA por estas máquinas.

¿Hubo fraude? Solo ellos lo saben

Ojo que en ningún momento estoy afirmando que hubo fraude o que las máquinas hacen cosas que no debieran. A lo mejor hacen justamente lo que dicen y todo es transparente en realidad. El problema que trato de resaltar aquí es que hay lugar a una potencial violación de los principios de una votación.

No habrá pasado ahora, pero podría pasar en el futuro cuando, por ejemplo, las aguas se hayan calmado y todo el mundo asuma que todo está bien. Esto como ciudadanos comunes y silvestres o bien expertos nunca lo vamos a poder saber.

Con la democracia no se jode

Los argumentos dados arriba son los que países europeos usaron para prohibir los sistemas de voto electrónicos. Todavía se usa una boleta de papel, un lápiz, un sobre, una urna y se cuentan los votos a nadie. Todo esto porque no quieren confiar la democracia a nadie: ¡no confiamos en las máquinas de voto!

Una adición: un poco de probabilidades

Por ley, el Tribunal Electoral hace un conteo manual de cerca del 5% del total de las mesas elegidas al azar. El objetivo es dar confianza que el escrutinio es correcto. Haciendo las cuentas para calcular la probabilidad de detectar mesas en las que se hizo trampa obtenemos el siguiente gráfico:

Como se puede ver, a medida que el número de mesas  con trampa se incrementa, la probabilidad de detectar una mesa con problemas se acerca rápidamente a 1. En caso de detectar una irregularidad, todas las mesas deben escrutarse manualmente, asumiendo que no se adulteró el contenido de las urnas.

Aún así, queda lugar a trampa, sobre todo cuando en el escrutinio de la mesa el día de la elección, los fiscales miran a alguien escanear las boletas sin mayor atención. Por ello, es muy importante la labor de los fiscales el día de la elección.

 

Los consulados argentinos están avisando a los residentes argentinos en el exterior que tienen que registrarse como tales para poder ejercer el derecho a votar en las siguientes elecciones nacionales. Existen dos maneras de registrarse: apersonándose en el consulado correspondiente, o a través de un sitio web. En ambos casos una copia del DNI donde conste el domicilio en el extranjero es necesario.

El asunto es que el sitio web deja mucho que desear. Por ejemplo, la interfaz hace recordar a los sitios primitivos de los comienzos de internet. Pero este es un detalle estético, dado que uno debe preocuparse en la funcionalidad.

Aunque no tiene que ver con su funcionalidad hay ciertos detalles que tendrían que haberse tomado más enserio. Un punto bien importante es el hecho que el sitio no provee ninguna garantía de seguridad tal como:

• Cifrado de los contenidos transmitidos (datos personales y copia de un documento de identidad).
• Autenticación del servidor que alberga el sitio (y los datos del punto anterior).

Sin estos dos requisitos, el usuario tiene que rogar que nadie esté inspeccionando el tráfico datos hacia el servidor de la Cámara Electoral Nacional. Además, cualquiera podría ‘impersonar’ tal servidor y recolectar todos los datos que un usuario común está enviando sin pasar desapercibido.

Esto se puede lograr con tecnología que es de uso cotidiano al día de hoy. El uso de HTTPS y un certificado criptográfico que verifique la autenticidad del sitio serían suficientes.

Otro detalle olvidado es una política clara de privacidad, que debería al menos mencionarse. Un usuario enviando todos sus datos personales tendría que recibir una garantía mínima (al menos expresa) del fin con el que sus datos van a usarse.

Además, para completar la explicación, la entidad pública tendría que verificar que quien envió el formulario es quién dice que es. En el contexto electoral, uno podría inscribir a personas con sólo contar con una copia de su DNI.

Pueden parecer requisitos bastantes estrictos, pero es lo mínimo que un estado democrático tendría que proveer para evitar comprometer la integridad de sus ciudadanos. Esto, por cierto, es que hace cualquier democracia avanzada y moderna.

Sitio: http://care.padron.gov.ar/